La semana
pasada se han desarrollado en nuestra patria un cúmulo de hechos que a pesar de
su extrema gravedad parecen haber pasado del todo desapercibidos para la
practica totalidad de nuestros compatriotas, se trata de una serie de acciones
y omisiones que han basculado en torno a un gravísimo suceso que ha llegado a
ser oficialmente admitido por la misma ministra de justicia del actual gobierno
socialista.
A pesar de su gravedad y de la verosimilitud el
suceso, este ha sido voluntaria y culpablemente omitido tanto por los medios de
comunicación-manipulación como por los hipócritas políticos que calientan las
poltronas de la Carrera de San Gerónimo.
El
acontecimiento al que nos referimos y en torno al cual gira la gravísima
situación a la que nos referimos es importante en si mismo y adquiere tal nivel
de gravedad tanto por la degeneración y criminalidad que el suceso en si mismo
presenta como por la falta de reacción política, judicial y mediática en torno a los personajes
que en él se ven implicados.
Una vez llevada
a cabo esta introducción pasamos a detallar sucintamente cual es el suceso y
cuales las circunstancias que se han dado alrededor de él, y que sometidas a un
análisis mínimamente crítico pone de manifiesto hasta que punto todas aquellas
instancias que realmente detentan poder sobre los ciudadanos se encuentran
inmersos en una suerte de confabulación que protege los actos más abyectos a la
par que sirve para proteger los intereses económicos, políticos y
profesionales de la élite que nos dirige.
Comenzaremos
refiriendo el suceso: La pasada semana
el excomisario Villarejo, el cual había estado trabajando para el Estado en los
servicios de información de la policía, lo que algunos denominan “cloacas del
Estado”, hizo públicas unas grabaciones que llevó a cabo el año 2009.
En una de estas grabaciones mantenía una conversación con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que esta le comunicaba que en una reunión llevada a cabo durante un congreso de magistrados y fiscales iberoamericanos celebrado en Cartagena de Indias, vio como altos miembros de la magistratura y de fiscalía, algunos de ellos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional de España, se retiraron del bar del hotel en el que se encontraban para dirigirse a sus habitaciones acompañados de chicas menores de edad.
En una de estas grabaciones mantenía una conversación con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que esta le comunicaba que en una reunión llevada a cabo durante un congreso de magistrados y fiscales iberoamericanos celebrado en Cartagena de Indias, vio como altos miembros de la magistratura y de fiscalía, algunos de ellos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional de España, se retiraron del bar del hotel en el que se encontraban para dirigirse a sus habitaciones acompañados de chicas menores de edad.
Dado que
estas grabaciones se hicieron públicas la ministra fué requerida para que señalase si era cierta esa grabación, y señaló que efectivamente los hechos referidos en la grabación habían ocurrido
de la manera que señalaba la grabación y que esta era verdadera.
A pesar de
la extrema gravedad de los hechos que la grabación ponía de manifiesto y que la
misma ministra reconocía como verdaderos, las únicas preguntas de los
periodistas se centraron en la veracidad de la grabación en cuestión y en el
lugar en que tuvo lugar el hecho señalado en esta.
Resulta más
que curioso que ninguno de los muchos profesionales del periodismo presentes en
la rueda de prensa ni posteriormente ningún periodista de alguna cadena de
radio o televisión preguntasen a la ministra por la identidad de los altos
magistrados que se habían ido a sus habitaciones en compañía de chicas menores
de edad.
De igual
manera resulta en extremo sospechoso el hecho de que ningún grupo político o
miembro del Congreso o del Senado haya elevado pregunta alguna al gobierno
respecto a la cuestión o haya solicitado que la ministra compareciese ante la Cámara para dar explicaciones sobre el tema y señalar la identidad de los magistrados a los que se refería en la grabación.
Curiosamente
en este tema todos se ponen de acuerdo y mantienen una misma postura coincidiendo
a la hora de no solicitar explicación alguna a pesar de la extrema gravedad de
los hechos que las grabaciones, autentificadas por la ministra, dan claramente a
entender.
Cuando digo que se ponen todos de acuerdo es
todos, puesto que desde la extrema izquierda hasta la derecha pasando por los
nacionalistas vascos y los secesionistas catalanes el silencio respecto al tema
ha sido absoluto.
Este
sepulcral silencio guardado tanto por los periodistas como por la clase
política se generaliza a temas tales como el del Bar España, en el que son varios
los políticos, populares en este caso, como al de Kote Cabezudo, en el cual el
diputado socialista Odón Elorza está siendo investigado al haber sido acusado
por varias víctimas de este caso de presunta violación y explotación sexual en
San Sebastián.
Otro caso
que también está siendo objeto de investigación, al menos a nivel de los medios
de comunicación digitales alternativos, no sometidos al poder político y
financiero, es el del inspector jefe de la policía municipal de Puente Genil,
el cual ha sido acusado de agresión sexual contra una menor de edad por un
agente del cuerpo.
En este último
caso ni siquiera se ha abierto causa o investigación judicial alguna, según señala
el médico de urgencias e investigador Jesús Candel conocido en las redes como Spiriman,
debido a la relación o afinidad ideológica con la presidente de la Junta de
Andalucía, la socialista Susana Diaz.
Jesús Candel
no ha conseguido que ninguna autoridad, partido político o político a título
individual se interese por el asunto. Lo único que ha obtenido es recibir
alguna reclamación judicial o multa que le ha llegado a él o alguno de sus
colaboradores.
En el ya
citado caso de Kote Cabezudo y la causa contra Odón Elorza todo han sido problemas
y dilaciones para el letrado Diez Fernández,
el cual lleva la acusación contra
el fotógrafo pederasta, presunto para no tener líos con la justicia, de cerca
de diecisiete chicas que “supuestamente” fueron abusadas, violadas y fotografiadas
por este Kote para después comerciar con ese material gráfico pedófilo a través
de internet.
En el caso
de Kote Cabezudo el letrado ha sufrido numerosos problemas a la hora de
desarrollar su actividad como acusación.
De hecho la causa
ha sufrido numerosas irregularidades, llegándose al punto de que el CGPJ llegó a sustituir a la juez que instruía el proceso, hay que señalar que esa juez llegó a negarse a dar orden a las fuerzas de seguridad para que
retirasen de internet las fotografías sexuales, de abusos y agresiones que
fueron realizadas cuando las chicas aún eran menores y que continuaban a la vista en la red.
Este
verdadero escándalo resulta muchísimo mayor cuando uno de los acusados de
participar en la trama donostiarra de pederastia es el senador socialista,
antiguo alcalde de San Sebastián Odón Elorza, el cual no ha sido interpelado
en las Cortes por ningún político o requerido por periodistas de medios de comunicación “supuestamente" serios. En este caso como en otros relacionados con la pederastia sólo los medios alternativos e independientes, denominados por algunos conspiranoicos, han tratado e investigado estos casos como a sus presuntos responsables.
En todos los
casos que se refieren a la pederastia nos encontramos con que cuando tienen
relación con el poder se levanta un infranqueable muro de silencio que trata de
esconder la más que probable implicación de los poderosos ignorando con ello el dolor de
las víctimas y recurriendo a matar al mensajero.
De los datos
aquí aportados y de lo que es conocido del Caso Alcasser nadie podrá poner en
duda que el poder político, judicial y periodístico en sus más altos niveles está sostenido por toda una serie de actuaciones, chantajes y encubrimientos relacionados
con los comportamientos pederastas, en otro caso no se entiende nada de lo
antes expuesto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario