Uno de los
efectos más graves de la plandemia declarada por la globalista Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.) ha sido el desarrollo y establecimiento de toda
una serie de normas legislativas de obligado cumplimiento para la población y
para las organizaciones sociales y económicas nacionales. Normas que han venido
a someter la vida de las personas a intereses supranacionales globales, privándoles
del pleno dominio sobre sus vidas y propiedades, así como condicionando de
manera drástica las economías, privadas y nacionales. Realmente todo ello lleva
a que se cumpla el famoso lema del Foro Económico Mundial de que: “no tendrás
nada y serás feliz”, todo ello al servicio de la globalista Agenda 2030.
La
implantación de toda la legislación cercenadora de la libertad de los seres
humanos y del dominio de estos sobre sus propiedades no habría podido llevarse
a cabo sin que la sociedad en general y cada individuo en particular hubiese
sufrido previamente, con la colaboración de los medios de comunicación (¿?) al
servicio del sistema, un bombardeo ininterrumpido de mensajes y pseudonoticias
que han implantado el terror y el pánico en todos ellos como individuos y como
colectividad.
Una vez que
la población ha entrado en pánico pasa a creerse absolutamente necesitada de la
protección de las autoridades nacionales e internacionales.
Este es el
camino que conduce a la tiranía estatal y global pasando no solamente a estar expedito
ese camino a la tiranía globalista, sino que llega a convertirse en una vía en
la que es la población misma la que llega a solicitar que la autoridad,
nacional e internacional aplique esas medidas coercitivas. Unas medidas que en
condiciones de raciocinio y análisis crítico normal la población no aceptaría,
pero si por contra ese raciocinio y capacidad de análisis crítico ha sido
cercenado y bloqueado por el pánico, como así ha ocurrido, las normas dejan de
estar sometidas al sentido común y son aceptadas sin consideración alguna. Y
esto ocurre con mayor fuerza si como en la actualidad se narcotiza a la
población con la amenaza de una posible nueva pandemia o cuestiones como
gravísimos efectos de un falso cambio climático causado por el ser humano.
Una vez que
la población ha sido suficientemente condicionada para estar aterrorizada, las
autoridades globalistas internacionales y las autoridades nacionales a sus
órdenes presentan de manera igualmente machacona las supuestas soluciones a
estas gravísimas amenazas, y es ahí cuando entra en juego la aprobación, sin
protesta popular alguna, de legislaciones nacionales e internacionales abusivas
que tratan de acabar con las realidades humanas, sociales y nacionales.
Siendo
absolutamente necesario crear la ficción y generalización del caos y el miedo,
como ha ocurrido con la estrategia alrededor de la supuestamente gravísima pandemia (plandemia) del denominado COVID-19, todo ello para poder implementar esas leyes,
aplicarlas y someter de esta manera al ser humano buscando acabar con su
esencia.
En España
hemos padecido la aplicación de toda una serie de medidas coercitivas que han
provocado el sometimiento incondicional de la práctica totalidad de la
población, unas medidas en su inmensa mayoría carentes de justificación médica,
legal y que estaban alejadas del más básico sentido común.
El resultado
de esas imposiciones ha sido un absoluto éxito para los globalistas, y para las
autoridades a ellos sometidos, dado que han puesto claramente de manifiesto
lo sencillo que resulta sojuzgar a una sociedad siguiendo el método de crear el
problema, azuzar el miedo a este y después proponer como solución al problema
creado o escenificado lo que se pretendía desde un principio imponer.
En nuestro
país, al igual que en otros muchos, se acabó con la libertad de movimiento al
confinar a personas sanas, con la libertad de expresión al prohibirse la difusión
de las denominadas posturas negacionistas, con la propiedad privada al acabar
con la disponibilidad de los propios negocios cuando se prohibió la apertura al
público de los mismos, etc.
El asunto de la obligación de llevar puestas
mascarillas, bozales realmente, y el de mantener una distancia social que
impedía la interacción interpersonal son tema aparte y de suma importancia para
comprender hasta qué punto se ha buscado romper la propia realidad humana en
tanto que ser sometido a esto lleva a que aspectos básicos del ser humano como
son la concepción de la propia imagen en
función del “espejo” que resultan ser los otros, el aprendizaje en los niños de
los sentimientos de los otros gracias a los gestos faciales, la ruptura de la esencia social del ser humano llevan a
desdibujar, cuando no a destruir, la esencia misma de la naturaleza de esta.
Otro de los papeles fundamentales, si no el mayor, de portar la mascarilla se
encuentra en la simbología de tapar la boca a un sujeto, que resulta ser un
gesto total de sometimiento al obedecer y no hablar.
Más grave es
a mi entender el que muchos de nuestros conciudadanos continúen portando el
bozal, aunque ya no sea exigido por la ley fuera de ámbitos sanitarios o
farmacéuticos, la única presión que estos sujetos reciben para seguir usando la
mascarilla es la presión social del ser mal visto, presión cierta o imaginada,
o estar sometido a un miedo irracional instalado fruto de la propaganda que
durante tantos meses ha golpeado las mentes y los sentimientos de la población.
Desde mi punto de vista estas explicaciones, que ciertamente no son justificativas de nada,
estarían detrás de la aceptación de manera pasiva y borreguil de la denominada
Ley de Seguridad Nacional, que aún está en tramitación después de que el
gobierno tratase de incluir algunas, y fundamentales, modificaciones en la ya
aprobada ley.
La ley ya
existente preveía acciones y medidas ante cualquier acontecimiento o situación
que pudiese poner en peligro la seguridad nacional.
Pero llega
un momento, ahora, en el que se pretende modificar la ley existente desde el
año 2015 (la ley 26/2015 de 29 de septiembre) para que sea el presidente del
gobierno el que sin consultar ni justificar ante nadie su decisión señale
cuando se da una emergencia nacional, siendo así que en el punto dos de la
exposición de motivos dice que el presidente del gobierno dispone legalmente de
la potestad de dictar directamente el decreto de declaración de interés para la
Seguridad Nacional , sin necesidad de reunir previamente al Consejo de
Seguridad Nacional. Es decir que queda al arbitrio total del presidente la
puesta en funcionamiento de una suerte de medidas draconianas y contrarias a la
libertad, los derechos y la propiedad de los ciudadanos.
En la misma
exposición de motivos señala que la declaración por parte del presidente del
gobierno de una situación de interés para la Seguridad Nacional permitirá la
integración de todos los recursos disponibles de las Administraciones públicas
afectadas E INCLUSO DE AQUELLOS QUE ESTUVIERAN EN MANOS DE PARTICULARES.
Lo que
significa que la libre y caprichosa decisión del presidente del gobierno al
indicar la existencia de una situación de interés para la Seguridad Nacional
llevará aparejado el paso a manos del Estado y del régimen de todos los
recursos de las administraciones e incluso de las propiedades de los
particulares.
Nos
encontramos con que en el capítulo 1. Se indica que el sector privado
participará en la contribución de recursos cuando así lo disponga el real
decreto.
Más
adelante, en el título IV se señala que el SECTOR PRIVADO participará en la
contribución de recursos tal y como lo indique el real decreto. Es decir, se
rompe toda seguridad jurídica sobre la propiedad y los negocios y de hecho se
legaliza el requisamiento de toda propiedad sin intervención judicial ni justificación
objetiva alguna.
Pero por
supuesto la cosa no queda ahí, ya que puestos a desmembrar todo el andamiaje
secular de los derechos individuales y los de la propiedad privada, nos
encontramos con que en el mismo título IV pero en otro artículo posterior se
señala que CUALQUIER PERSONA QUE HAYA CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD estará OBLIGADA
A REALIZAR sin derecho a indemnización LAS ACTIVIDADES Y A OBEDECER LAS ÓRDENES
e instrucciones QUE LAS AUTORIDADES ESTABLEZCAN.
Es decir,
que la decisión de una persona pasa a convertir en esclavos sujetos a la
arbitrariedad de los que estén investidos de autoridad, que normalmente habrán
logrado mediante el apoyo electoral, de los partidos o de las organizaciones
financieras e industriales.
Y continúa
el disparate, en el artículo 28 de título IV al que nos hemos venido refiriendo
señala que se podrá proceder a la REQUISA temporal (no se especifica duración
de ese espacio temporal ni las circunstancias que lo marcan) de todo tipo de bienes,
así como a la OCUPACIÓN O INTERVENCIÓN temporal, sin especificar el lapso de
tiempo al que se refiere, de las que sean necesarias o a la SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES.
Ahora bien,
la orgía liberticida y tiránica de este proyecto de ley no ha tocado aún fondo
puesto que en otro artículo de este mismo título IV encontramos con que hace
referencia a que las Administraciones públicas y las autoridades ya sean estas
del nivel que sean contarán con una relación de bienes, públicos o privados,
que puedan coadyubar en función de lo que indique el decreto del presidente del
gobierno decretado de interés para la Seguridad Nacional.
Es
sintomático y clarificador como en la exposición de motivos de dicha reforma de
la ley aún vigente se hace referencia a que la experiencia vivida durante la
pandemia (plandemia) del COVID 19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una
serie de reformas jurídicas respecto a la contribución de recursos a la
Seguridad Nacional.
Sin una
estrategia perfectamente preparada y llevada a cabo de una manera magistral la
tiránica modificación legal arriba descrita no tendría posibilidad alguna de
salir adelante, sería rechazada enérgicamente por la población por los agentes
políticos y sería cabecera tanto de la opinión pública como motivo de conversación y protesta de la opinión
publicada, pero como por desgracia la
primera depende de la segunda y esta viene marcada por los intereses
políticos y financieros que la dominan, es así que la tramitación parlamentaria está
pasando sin ningún tipo de debate u oposición mínimamente relacionado con la
gravísima realidad de la modificación legislativa que se pretende llevar a cabo.
