No es
preciso ser un lince para darse cuenta de que se han hecho coincidir en el
mismo día la publicación de las sentencias referentes a los implicados en el
caso de las denominadas tarjetas black y la del caso Urdangarín.
Esta
coincidencia se ha buscado con la clara finalidad de que la segunda sentencia,
la que afecta a la hermana y al cuñado del actual rey, tenga un relieve entre
los medios de comunicación mucho menor, puesto que al tener que dividirse la
atención mediática entre ambos, el referido a la infanta no tiene tanta
contestación ni produce igual revuelo popular que si la sentencia sobre ella y
Urdangarín hubiese sido la única a la que hacer
referencia.
Pero al haber sido el fallo del tribunal tan
sumamente escandaloso e injusto, no hay que olvidar que la justicia es dar a cada
cual lo que se merece, no han sido pocas las voces que se han levantado para
criticar la absolución de la infanta y la baja condena recibida por Iñaki
Urdanganín y para más inri nos encontramos con que el “cuñadísimo” no pisará la
cárcel ni se le retirará el pasaporte, y además se le permite seguir residiendo
en Suiza.
Pese a la
gravedad de todo lo hasta ahora señalado, a mi entender tras todo esto se
esconde mucho más, nos encontramos ante un capítulo más de la paulatina
“desactivación” del material con el que Jorge Pujol ha amenazado al Estado caso
de que fuesen juzgados él o alguno de sus familiares o y que podría ser
utilizado por los secesionistas para chantajear al gobierno de España en su
camino hacia la ruptura de la Unidad de España.
Ya hemos
asistido a varios actos de la citada desactivación: primero vimos cómo se hicieron públicas con pelos
y señales las andanzas adúlteras del rey emérito Juan Carlos I con la actriz y
vedette Bárbara Rey, tratadas de manera especial por la prensa “rosa”
trivializando el tema. En segundo lugar la aparición en la prensa de una
información según la cual el anterior monarca habría tenido dinero en una
cuenta soleada de la Gürtel, pero esa información tan solo apareció en un par
de periódicos y no fue tratada de modo generalizado en los medios ni se le dio
la importancia que tenía. A mi modo de entender en este último caso se trató de
ver hasta qué punto importantes temas referidos a cuestiones monetaria podían darse
a conocer frenando la extensión y el juicio público, desde luego fue un éxito
puesto que los medios del pesebre sirvieron para evitar que la información
llegase al pueblo y le diese valor.
Ahora han
dado un tercer paso, buscando que la población considerase que los monarcas y
su familia están sometidos al imperio de la ley, de modo que cuando se conociese
la información que utiliza Pujol para chantajear al Estado pudiese ser por
vista como algo que puede ser juzgado puesto que ese es el camino, pero
que gracias a la trivialización del
asunto y a la ocultación por parte de los grandes medios dejaría de ser el
grave objeto de chantaje que ahora es.
Mi opinión
es que aún falta un paso más para poder hacer frente al gravísimo tema del
petróleo, todos sabemos a lo que me refiero. Es por ello que estamos a punto de
asistir a una nueva campaña poniendo de
relieve la necesidad que España tenía del Rey para conseguir ciertos
contratos o adquirir ciertos productos a un precio mucho menor. Se buscaría
convencer a la población de que ciertos pagos o beneficios ilegales, o alegales,
estaban absolutamente justificados.
Pero con
esto estarían consiguiendo dos cosas: por un lado desactivarían el
chantaje y por otro tratarían de esconder
la podredumbre de ciertas acciones
regias.
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