Desactivando un adulterio.

                                                                                 

Desde que hace dos semanas el periódico OK diario se hizo eco de una información referente a las relaciones adúlteras mantenidas entre el anterior jefe del Estado, hoy rey emérito Juan Carlos I. y una conocida vedette y actriz de la época del destape, Bárbara Rey, se ha desatado tanto en la prensa general como en los programas televisivos “del corazón” una suerte de competición a la hora de hacer públicos los aspectos más íntimos de esta relación. 

                                                        

Si algo llama la atención de todo esto es que al contrario de lo que ha venido ocurriendo desde la   transición hasta hace unos días, todo lo referente a la monarquía y a los servicios de inteligencia, antes C.E.S.I.D. ahora C.N.I., ha pasado a ser de ser intocable y siempre silenciado a ser algo expuesto públicamente y sometido a los comentarios periodísticos más banales y marujiles.

 Del mismo modo llama fuertemente la atención que se halla puesto sobre el antiguo C.E.S.I.D. la luz de los periodistas y se hagan públicos datos sobre los métodos que estos servicios utilizaban (pisos francos, casas de seguridad, sobornos, etc., etc.).

Lo que llama poderosamente la atención es que se haga pública y se dé bombo a esta información que era de general conocimiento por parte de la población española desde hacía años. Únicamente hay algo novedoso, y quizá sea la información que realmente se quería hacer pública y trivializar. Se ha dado a conocer de modo novedoso la existencia de una serie de pagos a la señalada vedette procedentes de los fondos reservados y que le habrían sido entregados en paraísos fiscales. Estas cantidades no habrían sido ni mucho menos pequeñas, de hecho, se señalaba inclusive el monto de esas cantidades.

Ante todo esto la pregunta surge de modo automático, ¿por qué ahora? y ¿por qué con tantos detalles referidos a los pagos y a la intervención del C.E.S.I.D.?

                                                    

La respuesta la encontramos si situamos la aparición de estas informaciones y los comentarios de las televisiones en un contexto político concreto como el actual.

¿Y cuál es ese contexto?

Pues bien, si hay algo fundamental en la política española, por mucho que de manera voluntaria lo ignoren los medios de comunicación es eso que se ha dado en llamar “el desafío nacionalista”, que no es otra cosa que el grave peligro de secesión y con ello de ruptura de la Unidad de España.

Desde hace dos semanas se han abierto unas conversaciones directas entre la vicepresidenta del gobierno Soraya Saenz de Santamaría y el presidente de la generalidad Puigdemont.

 Estas conversaciones están poniendo muy a las claras la imposibilidad de que el diálogo conduzca a que los secesionistas abandonen su intención de romper España convocando previamente a la declaración unilateral de independencia un referéndum ilegal.

                                                         

Esta situación obligará al gobierno pusilánime que nos gobierna a tomar, muy a su pesar, una serie de medidas de corte administrativo para impedir que se lleve a cabo tal referéndum.

Pero el gobierno se ha encontrado con la amenaza que resulta de los documentos e informes que el durante años presidente de la generalidad catalana Jorge Pujol ha manifestado que tiene.  El dirigente nacionalista catalán ha manifestado que los hará público en caso de que alguien de su familia ingrese en prisión debido a los graves delitos económicos de los que se les acusa.

                                                     

 Pero la mera existencia de esos informes que en parte pueden referirse a aspectos de la relación de rey emérito y de los pagos realizados con dinero público para comprar el silencio de la amante son un   grave peligro que pende sobre el Estado y que de hecho estaría impidiendo que el gobierno tomase las medidas, siquiera administrativas, precisas para frenar el referéndum secesionista.

Llegados a este punto se hace preciso realizar las maniobras precisas para que esas informaciones que de hecho o en potencia les están coartando dejen de resultar peligrosas perdiendo así su capacidad de chantajear.

Y es precisamente en este contexto en el que habría que inscribir esta “desclasificación”, no sería otra cosa que una especie de desactivación, se haría pública una parte de la información sensible para mediante la banalización de la misma anular el potencial que permita chantajear.

Si algo viene a confirmar todo esto es la unanimidad de los medios de comunicación, de uno y otro color, a la hora de trivializar los hechos y el silencio de los grupos políticos, también de todos los colores, a la hora de  criticar e investigar los pagos privados con dinero público en este caso concreto.

Nada ocurre por nada, todo está dirigido a la consecución de algún fin, y es por ello que pienso que en no mucho tiempo saldrán a la luz informaciones referentes a escándalos peligrosos para el Estado  que serán también banalizadas para ser anuladas.