Me
resulta difícil expresar opinión alguna respecto al tema del carbón, de los
mineros y de las movilizaciones que estos están llevando a cabo puesto que se
trata de una cuestión complicada en la
que convergen factores humanos, económicos y legales que conforman un puzzle complicado de ensamblar.
Antes
que nada y poniendo blanco sobre negro
mi sensación primera, que no tiene otra
base que el sentimiento y la intuición, es
que en este tema nos encontramos ante una tremenda injusticia, lo que hay debajo
de esa lucha no es otra cosa que la
búsqueda de la supervivencia enfrentando un sistema que ha legalizado lo ilegítimo.
En
esta concreta situación, al igual que en tantas otras que han desarrollado los
políticos-demagogos, se ha creado un problema por no haber tomado en su momento
las medidas adecuadas, habiéndose construido un camino que no se puede desandar sin romper el orden
que ese camino ha instaurado.
Ahora
bien, en primer lugar creo necesario contextualizar los acontecimientos a los que
me refiero en este artículo. España
entera está atravesando por una crisis económica que ha arrastrado al desempleo a más de 6
millones de trabajadores, personas con vidas
que se han visto rotas y de familias que han visto su futuro cercenado. Y digo esto porque unos trabajadores, los mineros, por muy duro
que sea su trabajo, no pueden pretender que el Estado, que somos todos, tenga una especial consideración con ellos y realice
una intervención para salvar sus puestos de trabajo mientras que no lo ha realizado con otros muchos sectores que han terminado
por perderse.
Aunque
es preciso reconocer, pudiendo discrepar respecto a los medios utilizados, que tan
sólo ellos han defendido, entre tantos millones que se han visto empujados al
desempleo, sus puestos de trabajo y la
posibilidad de supervivencia de una zona, sus trabajos y la vida en sus
comarcas.
Las
protestas a las que asistimos tiene su
origen en una decisión del actual gobierno
en la que se reducen en 200 millones de euros las ayudas directas al
carbón, hasta el 31 de Diciembre de este mismo año, pero mientras se dan centenas de millones a la banca privada.
En
el caso que nos ocupa el problema no habría surgido si el carbón que las minas
asturianas y leonesas producen resultase lo suficientemente rentable para continuar
siendo comprado al resultar competitivo
frente al mineral proveniente de países como Polonia. Actualmente el carbón nacional tiene un precio 30% superior al importado del extranjero.
Pero
nos encontramos con dos cuestiones: Por un lado con que el carbón está dejando de ser utilizado puesto que
las actividades que hacían uso de este
han dejado de existir o bien con que el
carbón español, y más
concretamente de Asturias y León no
puede competir con el carbón que procede de Polonia y que tiene un importe muchísimo menor. De este modo la industria minera del carbón ha dejado de
constituir una industria estratégica que
como tal habría de ser subvencionada por
el Estado.
Aunque la realidad de no ser actualmente
considerado como un sector estratégico no puede basarse en la rentabilidad.
ni resultar rentable , ni puede el
Estado dejar de lado una de las
funciones que a mi modo de ver tiene: velar por el bienestar de los ciudadanos,
por que disfruten de unas mínimas condiciones
de vida y puedan acceder a un
trabajo que les permita vivir al menos con dignidad.
Nuestro
país es una nación que es absolutamente dependiente del exterior en lo que se
refiere al tema energético, y esto es así dado que carecemos de petróleo o gas
en nuestro subsuelo y todo él lo hemos de importar del exterior, esta
situación hace poco menos que irracional
que no cuidemos y subvencionemos la
única fuente energética de la que disponemos en nuestro territorio: el carbón.
Pero
al igual que no se debe pasar por alto el momento de crisis por el que
atravesamos y la obligada reducción de ciertas partidas económicas, no se debe
obviar que se dan otras circunstancias
que empujan a que la industria minera del carbón sea apoyada. Creo que es momento de replantear seriamente la
consideración del sector minero del
carbón y considerarlo nuevamente como estratégico, no podemos tener una visión
corta y pasar por alto que estamos ante
una fuente de energía propia que no
nos hace esclavos económicamente del
exterior.
Si
este sector es considerado del modo que hemos señalado ha de ser protegido en su continuidad tanto
por cuestiones energéticas como laborales y sociales. La medida primera ha de buscar la utilidad del mineral y su
rentabilidad frente al carbón procedente del exterior.
Se
debe promover e incrementar todas
aquellas industrias o centrales térmicas
que utilicen el carbón como
fuente básica de energía, para que España poco a poco se libere de la
dependencia exterior.
Pero además de esto está la problemática de que
sea competitivo frente al carbón importado, para solucionar este problema se han de aplicar aranceles para que el carbón importado resulte menos atractivo económicamente y en cambio lo sea el
de origen nacional, en este punto entramos en conflicto con el condicionamiento del F.M.I. (Fondo
Monetario Internacional), que tiene como una de sus máximas la defensa del
libre mercado y una oposición absoluta a
cualquier tipo de proteccionismo.
En
este punto el gobierno español ha de ser
capaz de afirmarse en las decisiones que
mejor convengan a España y a los españoles y no plegarse a los mandatos de una
organización que defiende el libre
mercado pero que prohíbe el proteccionismo a los menos fuertes y lo tolera a los dominantes.
La
ley del libre mercado tiene sentido
entre iguales, pero no entre entidades o naciones con unas diferencias tales que colocan a unas a expensas
de las otras, en este caso el libre mercado lleva a la depauperación de
estas últimas.
El
mantenimiento, subvencionado o no, de la producción del carbón ha de ser
algo prioritario para le economía y
la estrategia futura del país.
Por
último, la actual forma que utilizan los
trabajadores de las cuencas mineras resultan
un problema para la puesta en marcha de todas las medidas que se han presentado hasta ahora, me explico.
Un
Estado, el único legitimado para el uso
de la violencia además de obligado a
velar por el trabajo y una vida mínimamente
digna de sus ciudadanos, no puede
dar la idea de que cede
ante la presión de actos de violencia
ilegales.
La
situación que se crea es muy complicada, ya que por un lado el gobierno
debe favorecer nuevamente la minería del
carbón retirando esa ley con la que se reducen 200 millones de subvención y de este modo
permitir la supervivencia de todas unas comarcas y sus habitantes, pero
por otro lado esto no ha de ser visto como una claudicación ante los actos de
violencia realizados por los mineros.
¿Cuál
puede ser la solución a este dilema?.
Desde
mi punto de vista la única manera de conciliar
ambas cuestiones parte de unas
conversaciones “secretas”, en las que
el gobierno de a conocer a los mineros la puesta en marcha de
las medidas proteccionistas, de uso del carbón y sus consecuencias en el
trabajo y en la viabilidad de la continuidad vital de las comarcas y que los mineros se comprometan a cesar de
inmediato toda acción violenta amén de
reconocer al Estado como único
legitimo usuario de la
violencia, amén de señalar que la violencia ha sido utilizada de modo inadecuado por ellos.
Con respecto a la utilización de la violencia, el tema no es tan sencillo como una simple condena a su uso. Y no lo es puesto que si los mineros no hubiesen hecho uso de ella nunca se habría hablado de su grave problemática ni sería factible el llegar a una solución de compromiso. Por otra parte el ejemplo que el uso de esta y el posterior logro de ciertos objetivos puede llevar a que otros sectores recurran a ella con el mismo fin.
La solución pasa por que los gobernantes y los representantes de los trabajadores se pongan al servicio del bien común, de los intereses laborales y que ante las discrepancias se supediten a lo que marquen las instancias judiciales de lo laboral.
Con respecto a la utilización de la violencia, el tema no es tan sencillo como una simple condena a su uso. Y no lo es puesto que si los mineros no hubiesen hecho uso de ella nunca se habría hablado de su grave problemática ni sería factible el llegar a una solución de compromiso. Por otra parte el ejemplo que el uso de esta y el posterior logro de ciertos objetivos puede llevar a que otros sectores recurran a ella con el mismo fin.
La solución pasa por que los gobernantes y los representantes de los trabajadores se pongan al servicio del bien común, de los intereses laborales y que ante las discrepancias se supediten a lo que marquen las instancias judiciales de lo laboral.
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