Hay un
término, proporcionalidad, que estos días parece estar de moda, lo repiten hasta la extenuación
tanto el gobierno como la oposición, un término al que acuden cuando hacen
referencia a cuáles serán las medidas y los pasos que se tomarán para frenar la
ofensiva secesionista que sufre España a causa del ataque que llevan a cabo los
secesionistas catalanes, encabezados por las autoridades de la generalidad
catalana.
El recurso
tan reiterado al término, proporcionalidad, no hace otra cosa que esconder la cobardía
de las autoridades nacionales, una cobardía que les impide aplicar las medidas
de fuerza precisas para frenar la destrucción de la Unidad nacional.
La actuación
que el gobierno de la nación lleva a cabo única y exclusivamente se
circunscribe a la adopción de medidas legales, medidas que hasta ahora han
consistido tan solo en recurrir las medidas legales que ha ido adoptando la
generalidad con el fin de crear una república catalana independiente.
En teoría
todo esto puede sonar bien, pero sólo en teoría ya que una vez, como lo han
hecho ante todas las resoluciones de los altos tribunales españoles, las
autoridades de la generalidad se negarán a acatar lo que estos tribunales
fallen. El problema está en que ante
tales negativas el gobierno central nunca ha aplicado la fuerza para imponer el
cumplimiento de lo dictado por los tribunales (enseñanza en español, colocación
de la bandera nacional, no imponer la rotulación de los comercios en catalán,
etc.).
Nadie puede
afirmar, más bien todo lo contrario, que en el caso del referéndum secesionista
del 1-O o ante los pasos hacia la secesión catalana la actuación gubernamental
será distinta.
Y lo que a
mi modo de ver es fundamental a la hora de utilizar el término
proporcionalidad, es que la ruptura de la unidad de España, o tan sólo las actuaciones para llegar a la
secesión, son de tal gravedad que lo proporcional es utilizar directamente la fuerza
para preservar la continuidad de la patria.
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