Estamos siendo testigos estos días de como en Baleares se produce un monumental acto de injusticia, un agravio comparativo llevado a cabo por nuestras autoridades en contra de compatriotas nuestros, una injusticia que deriva de ese complejo de culpa al que desde hace un par de siglos se viene inoculando a todos los occidentales blancos en general, contaminación que en las últimas décadas viene sufriendo especialmente España.
Como todos
habrán podido suponer me estoy refiriendo a la grave situación por la que se
está haciendo pasar a cientos de jóvenes españoles, gran parte de ellos
menores, que habían ido a Baleares a celebrar el fin de curso.
Esos chicos,
repito que muchos de ellos son menores de edad, entraron en Baleares habiendo presentado
documentos de análisis, pcr y antígenos, que demostraban haber dado negativo en
la presencia del virus supuestamente causante de la supuesta pandemia que nos ha
cambiado la vida desde hace cerca de dos años.
Días después de su llegada estos cientos de jóvenes estudiantes han
sido confinados de manera obligatoria y expeditiva en un denominado hotel COVI
con la excusa de haber estado en contacto con otros jóvenes que sí habrían dado
positivo. Lo que no es de recibo es que ante las declaraciones de los jóvenes
confinados negando tal acusación se les niegue la realización de pruebas pcr o
de antígenos que permitan demostrar si realmente están infectados y pueden ser
vehículos de transmisión y han de permanecer en cuarentena o por el contrario
no están afectados y libres de cualquier infección, con lo que puedan moverse
libremente por las islas o retornar con sus familias.
Al igual que
para entrar en las Baleares se exige la presentación de una prueba pcr o una de
antígeno realizada con un máximo 47
horas antes de la entrada, lo mismo ocurre para entrar en las islas Canarias. Y
es precisamente en esta exigencia y en las consecuencias que derivan del hecho
de que estas no sean cumplidas donde se puede observar de manera clara y palmaria
el agravio comparativo al que antes he venido refiriéndome.
Resulta absolutamente intolerable que las autoridades y las fuerzas a sus órdenes apliquen con tanta contundencia y arbitrariedad las medidas sanitarias a estos chicos a la par que los inmigrantes que llegan de manera irregular a las islas Canarias violando todos los requisitos legales y sanitarios precisos para entrar en nuestro territorio no reciben sanción alguna ni sean confinados de manera obligatoria, siendo además trasladados de manera oculta a la península.
Desde mi
punto de vista, y creo que desde el de cualquier observador medianamente
objetivo, la incongruencia antes descrita sólo puede explicarse por un pensamiento que viene a considerar a los foráneos, sobre todo si son de una
raza y cultura diferente a la blanca occidental, como individuos que no han de ser sometidos no a
nuestras normas, ya sean estas legales o sanitarias, vigentes en nuestras sociedades
y territorios. Y esto es así dado que son estas personas son consideradas víctimas de la acción del blanco y de su
sociedad. De esta manera a modo de compensación fruto del complejo de culpa
blanco occidental se encontrarían con una serie de privilegios como es no verse
sometidos a medidas coercitivas referidas al cumplimiento de normas y leyes
relativas a la legalidad del ingreso y estancia en nuestro territorio, así como
la exigencia de someterse a ciertos requisitos sanitarios, normas y leyes que si han de cumplir los nacionales u occidentales.
La decisión
de una juez permitiendo que todos aquellos jóvenes que estaban confinados y que
hubiesen dado negativo en las pruebas para detectar la presencia del tan
cacareado virus es para la inmensa mayoría de la población y para la totalidad
de los medios de manipulación un punto final para todo el suceso, suceso que
habría quedado en un mero hecho puntual que no va más allá de una triste
anécdota sin más trascendencia.
Ahora bien, lo cierto es que todo lo referido al
tremendo agravio comparativo producido se ha pasado por alto totalmente.
Pero toto
esto no ha sido un mero hecho casual, un equívoco político derivado de un
exceso de celo por parte de las autoridades autónomas baleares para proteger la
salud pública.
Tras este verdadero secuestro se esconde un intento de aumentar el pánico en la población y así justificar el inicio de la vacunación en niños y adolescentes, de hecho apenas acaba de terminar el episodio al que nos hemos venido refiriendo cuando varias comunidades autónomas señalan que comenzarán a vacunar a la población infantil y adolescente.
