Hay un aspecto
especialmente grave en el que nadie parece querer entrar, ese punto es la
derivación lógica de un tema que en estos últimos días se ha convertido en punto
central de la actualidad española.
Los puntos
oscuros del asunto de actualidad al que me refiero están siendo objeto del
mayor de los encubrimientos, que es el silencio mediático respecto al trasfondo
de los hechos, son aspectos sobre los que toda la prensa del pesebre voluntaria
y unánimemente ha pasado de puntillas.
Este silencio y esta falta de interés resultan
sumamente extraños dado que las preguntas lógicas ante un importante suceso que
parece no tener lógica surgen
automáticamente, son el por qué y el para qué, cuestiones ambas sospechosamente
ignoradas, y cuyas respuestas y sospechas derivadas de estas interrogaciones,
si es que han sido planteadas, se han ocultado bajo el mismo manto de silencio cómplice
antes señalado.
Por supuesto
estoy haciendo referencia al monotema que desde hace ya demasiados meses ocupa
televisiones, radios y periódicos, me estoy refiriendo al tema del proceso
secesionista catalán, y concretamente al actual intento de extraditar desde
Alemania a Puigdemont para que pueda ser juzgado en España por haber intentado
romper la Unidad Nacional de la misma.
Pero
resolver la cuestión de su entrega a la justicia española no ha sido tan
sencillo como cabía suponerse que ocurriría una vez cursada una euroorden, algo
que por lo que se ve no es para nada automático ni que respete la soberanía de
las más altas instancias de la justicia nacional.
La justicia
alemana, concretamente el veredicto de un jurado local de una pequeña ciudad
alemana, ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español al mantener, en
contra de lo que mantenía su propia fiscalía, que no se cumplen las
circunstancias para poder ser entregado a España para ser juzgado por tal
cargo, y que de ser entregado a nuestro país lo sería tan solo por el delito de
haber utilizado dinero público para la realización del proceso separa tista y
poder llevar a cabo el ilegal pseudoreferendum del 1 de octubre.
Y es
precisamente en este complejo momento cuando un ministro del gobierno de
España, el ministro de Hacienda y función pública D. Cristóbal Montoro hace
unas declaraciones a un periodista, en una entrevista solicitada por el mismo
ministro, señalando que no se ha gastado ni un euro público en la preparación y
puesta en marcha del proceso que culminó en el ilegal referéndum del uno de
octubre.
De esta
forma el ministro hacía casi imposible que el sedicioso y traidor expresidente
de la Generalidad catalana pueda ser entregado por la justicia alemana para que
pudiese ser juzgado en España.
Estas
manifestaciones afirmando que no hubo malversación de caudales públicos las
manifestó y las continúa manteniendo contrariamente a lo que señala un
pormenorizado informe presentado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, el
cual señala que dichos gastos ascendieron a nada menos que 1.9 millones de
euros, dinero que salió de fondos públicos.
Tamaño
ataque a la justicia y a la posibilidad de que Puigdemont sea castigado por el
gravísimo crimen de que es acusado no puede ser atribuido a una negligencia o
error de cálculo, de la misma manera que las sucesivas fugas a Bélgica o Suiza de
sujetos que encabezaron la secesión tampoco lo son.
Es aquí
donde nos hemos de plantearnos las preguntas: ¿por qué? Y ¿para qué se ha
llevado a cabo semejante tropelía?
Pues bien,
para poder contestar a las preguntas que nos hemos hecho es preciso
retrotraernos algunos años, debiendo recordar que tras la implantación del Estado
de las autonomías por la Constitución de 1978, de infausto recuerdo, los
partidos nacionalistas vascos y catalanes, pero muy especialmente estos
últimos, se hicieron imprescindibles para que los dos grandes partidos del
sistema, PP y PSOE, pudiesen contar con una mayoría de votos en el Congreso que
les permitiese gobernar en España.
Es así que
poco a poco, entre las cesiones de unos y otros, fueron recibiendo más y más
transferencias a la par que tenían acceso a una cantidad de información relevante
cada vez mayor, información comprometedora para los gobiernos y para las más altas
instancias del Estado.
Debido a
estas informaciones las cesiones ante los nacionalistas catalanes fueron cada
vez mayores puesto que la capacidad de chantajear a los gobiernos era también
mayor.
Llegamos al
punto en que el principal promotor del separatismo en Cataluña, Jorge Pujol,
empezó a ser considerado en todos a todos los niveles gubernamentales y por la
población como “un hombre de Estado”.
Sin la
capacidad de presión y chantaje antes descrita es muy difícil, por no decir que
resulta imposible, entender que la familia Pujol, una verdadera mafia que ha
robado varios miles de millones de euros sirviéndose del poder omnímodo que
detentaban en la Generalidad no haya sido enjuiciada y no esté en prisión.
Pero ha sido
el mismo patriarca del clan el que en más de una ocasión, y públicamente, ha amenazado
con revelar informes que pondrían en serio aprieto la continuidad misma del status quo actual del estado
Para poner
todo en su adecuado lugar y tener de esa forma una visión adecuada de la
situación hemos de recordar que Jorge Pujol fue el que durante décadas ha
venido socavando la Unidad de España a través de la consecución de transferencia
con la intención de alcanzar la secesión de Cataluña. La realidad es que Mas y
posteriormente Puigdemont no son otra cosa que hijos políticos suyos,
continuadores de su obra independentista.
Y es a
través de todo lo señalado que empieza a tener sentido que a la inteligencia y las fuerzas de seguridad españolas no hubiesen
sido capaces de localizar e intervenir las urnas del 1-0, que los cabecillas independentistas hayan podido salir
de territorio nacional y de este modo
sustraerse a la acción de la justicia y que ante la probable extradición del sedicioso
Puigdemont, aunque tan sólo fuese por el delito de malversación de caudales
públicos, el ministro Montoro haya declarado que no hubo ningún uso indebido de
dinero público con destino al proceso.
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