Jose Antonio y su doctrina.

1ª parte.

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2ª parte.

                                          
                                                                          3ª parte.

                                                                                 

La duda.

                                                                         

En estos momentos se me plantea, al igual que supongo que le ocurre a otras muchas personas,  una problemática que surge  de la huelga general convocada para el 29 de este mes de Marzo.

La citada huelga me coloca en una situación nada sencilla de solventar desde el momento que  encuentro fuertes razones tanto para secundarla como para no hacerlo, y debido a que las razones  a favor como en contra tienen un peso específico considerable.

Por un lado me encuentro con que la reforma laboral que el actual ejecutivo ha aprobado, y que con toda seguridad será convalidado  en el Congreso dada la  mayoría absoluta que  el Partido Popular tiene,  es un verdadero despropósito, un ataque frontal a los derechos de los trabajadores, es una reforma tan regresiva que me hace plantearme muy seriamente  secundarla.

                                                             

Los aspectos relacionados con la consideración de un despido como procedente cuando el absentismo laboral, aún cuando  las ausencias hayan sido debidas a  situaciones  de enfermedad debidamente certificadas, si estas superan el 20% de la jornada mensual, la reducción de la indemnización en función del tiempo  cotizado, la posibilidad de despedir de un modo considerado  procedente en función de que una empresa  baje sus ventas o  servicios durante tres meses seguidos o cuando se suponga tal  posibilidad, así como la eventualidad de que un empresario pueda despedir a un trabajador si este no acepta un cambio en su remuneración, horario o destino y el despido se considere  procedente, me llevan a considerar que  la participación en la huelga es  más que necesaria y veo mi intervención en ella no sólo justificada si no incluso obligatoria si se tiene un mínimo de  sensibilidad social.

                                                                

Es más creo que con  esa participación mostraría  mi oposición al sistema capitalista y a esta ofensiva que ahora desarrollan las finanzas internacionales, así como a la avaricia de los bancos.

                                                                   

Por otro lado veo también  una serie de razones que me mueven a no  seguir esta convocatoria de  huelga. Cuando hablo  de razones que por el contrario me empujan a trabajar ese día  y no secundar la huelga me estoy refiriendo  a cuestiones relacionadas con los convocantes y   con la oportunidad de la misma.

Los sindicatos convocantes  (CCOO y UGT) no  llevaron a cabo huelga general ni protesta nacional alguna para rechazar y oponerse a la política  económica y a la gestión de la crisis que el  ejecutivo anterior  desarrollaba y que  estaba dando lugar a un incremento  intolerable de la población desempleada. Pero claro los anteriores gobernantes eran de su misma cuerda ideológica y además las ayudas y subvenciones que recibían compraban su silencio y pasividad.

                                                                   

Es decir nos encontramos ante una huelga plenamente política, que utiliza  la crítica a la reforma laboral como banderín de enganche. 

Además de las innegables y justificadas causas relacionadas con la reforma laboral, se dan otras que son meramente ideológicas de buscan  enfrentarse con  un  gobierno de derechas, como hemos visto, en el caso de un gobierno de izquierdas como fue el PSOE no actuaron  aunque el desempleo se disparó hasta alcanzar cotas realmente inaceptables.

Pero en la reforma laboral que se critica aparecen una serie de medidas que  acaban con una serie de privilegios  económicos que  aportaban una ingente cantidad de dinero a estos sindicatos llamados mayoritarios que en el fondo no son otra cosa que  parte del sistema.

-Se acaba con la financiación de estos sindicatos por medio de  dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que los sindicatos se  financiaban por medio de dinero público en lugar  mediante las cuotas de sus afiliados.

-Los sindicatos dejan de ser los encargados de impartir los cursos de formación para  los miembros de las empresas y para los desempleados, con lo que una  suculenta  y nada despreciable fuente de ingresos, se  cifra en unos 1300 millones de euros lo que  a través de este sistema  ingresaban en sus arcas.

                                                                     

-Se rebaja de un modo  sustancial el número de  sindicalistas que  como liberados viven recibiendo el sueldo de un trabajo que no realizan.

-Dejan de ser determinantes en la gestión de los ERES.

Entre otras prebendas  que  perderían.

Es así que desde mi punto de vista estaríamos en parte al menos ante una huelga política marcada por mantener los privilegios y prebendas  de los sindicatos convocantes.

Cuestiones estas que me llevan a negarme a entrar en ese juego y por tanto a seguir la huelga general.

Pero  por otra parte, y tal como al principio señalé,  se da a mi entender otro factor que me  frena , tal  factor se refiere al modo en que una huelga general pudiera afectar negativamente a la economía nacional en una época de grave crisis económica.

                                                        

En definitiva, que no tengo nada clara cual  va a ser la postura que voy a tomar  respecto a la huelga general convocada, y es que hay  razones muy similares en  importancia tanto en el sentido de parar como de no hacerlo.

                                                               

Aplicación de la Justicia Social desde el nacionalsindicalismo

                                                                 


Lo primero que ha de quedar claro es que lo que se pretende para que la Justicia Social reine en la  comunidad humana y en las relaciones laborales en particular es  acabar con el  sistema económico  y salarial del capitalismo, para conseguir que  sea el trabajo y no el capital  la base de toda relación laboral. Sólo de esta manera se podrá implantar  la Justicia Social. Es preciso sustituir el patrón oro  de capital por el patrón trabajo.

En la actualidad  las relaciones laborales parten de un principio  que es falso  y  resulta sumamente injusto.

El capitalismo  considera  que  la persona que es empleada, al recibir un salario, queda con ello  excluida  de forma absoluta de derecho sobre cualquier beneficio que su  trabajo pueda proporcionar. De este modo el nexo de unión entre el trabajador y el fruto de su trabajo queda plenamente  destruido ya que no participa del  beneficio  que este proporciona.

El capitalismo del mismo modo parece olvidar que los medios de producción, de los que los capitalistas son dueños, por si mismos no producen beneficio alguno, el beneficio tan solo aparece si estos medios de producción son  utilizados por el  trabajo de aquellos que han recibido un salario. Pero en la actualidad ese beneficio que es producto tanto del trabajo  como de la existencia de los medios de producción  pasa a engrosar  de modo  exclusivo los bolsillos de los capitalistas.  Este funcionamiento es por injusto sumamente inmoral. Y lo es  dado que promueve  que unos pocos vivan  a expensas del trabajo de los más.

                                                               

La riqueza lejos de ser un ente abstracto  especulativo al servicio  de una minoría, ha de estar  al servicio del pueblo en su totalidad, y el trabajo  es el modo  mediante el que el individuo se gana el derecho  a la parte correspondiente de esa riqueza.

En la actualidad ya no existen las masas  deshumanizadas que  hace décadas se encontraban a pocos metros de las zonas adineradas de las ciudades. Y esto no es así  ya que los servicios sociales y la organización sanitaria   combaten los casos más graves y debido al desarrollo de una clase media que  en parte amortigua el antiguo  proletariado  deshumanizado y hambriento.
Aunque en la   actualidad en España la clase media  poco a poco se reduce, los ricos son más ricos y los pobres más pobres.

Ahora bien, el que no  encontremos a nuestro alrededor ese grado extremo  de pobreza generalizada no  debe movernos a pensar que  la Justicia Social  ha sido alcanzada ya que las relaciones económicas son  totalmente injustas ya que el  trabajador no recibe   nada  del fruto de su trabajo, tan solo alquila su tiempo y esfuerzo.

Todo   lo anteriormente mostrado no pasa  de ser una mera exposición de la realidad que actualmente define el modo en que funciona el sistema salarial capitalista. Nos quedaríamos en mera queja si no aportásemos una alternativa a la forma que acabamos de describir y  criticar.

Lo primero que ha de quedar diametralmente claro es que cuando se critica el capitalismo  no se  está diciendo absolutamente nada contra la propiedad privada, es más, capitalismo y propiedad privada son dos realidades diametralmente opuestas, ya que la propiedad privada  no es si no  una prolongación de la realidad  del sujeto en lo  material. La propiedad privada ha servido, hasta la imposición del sistema capitalismo, para el sustento del individuo, el cual trabajando y  sirviéndose de esa propiedad  lograba un beneficio que  de modo íntegro  pasaba a ser de su propiedad y le servía para poder vivir, con más o menos calidad, pero existiendo una continuidad lógica entre su trabajo y el beneficio que este proporcionaba.

Por  el contrario el capitalismo no hace otra cosa  que romper ese vínculo. Como ya hemos señalado el trabajo ha de ser el único medio de  obtención de riqueza y nunca se debe permitir que nadie viva, y menos aún  llevando una existencia  tan regalada, sirviéndose del esfuerzo que otros realizan.


                                                                 

¿Cuál sería según la proposición que aquí se hace?, no es otra que la que propugna  el nacionalsindicalismo, el marco que debería  encuadrar unas relaciones laborales justas.

                                                             

Como es lógico  el beneficio  de la actividad laboral ha de repartirse de modo equitativo entre las partes que resultan indispensables para la obtención de tal beneficio, es decir entre el capitalista que aporta los medios de producción y el salariado que aporta su trabajo. Pues ni el primero produciría sin la  acción del segundo, ni el segundo  podría obtener  dinero  sin la presencia del segundo.

En un primer momento se mantendría el sistema de  pago de un salario pero sería un simple paso  hacia la consecución de  una plena repartición equitativa del beneficio y de una posterior desaparición del mismo capitalista, que no del gestor o empresario.

En un primer momento se mantendría  el sistema de salario así como  la presencia de las figuras tanto del gestor como  la del capitalista.

Mientras durase ese  período  inicial el 100% de los beneficios  obtenidos en la empresa serían repartido de forma que  el 75% de ellos irían a manos del capitalista o a la junta de estos, mientras que el otro 25% pasarían a los trabajadores.

Tal división de los beneficios obtenidos no sería sino un paso, puesto que se precisa  de una serie de adecuaciones sucesivas  ya que las  transformaciones hacia las que se tiende no pueden ser llevadas a cabo de un día para otro.

 En estos primeros momentos el capital precisa por un lado mantener  el sistema de salario tanto en salariados como en gestores, precisando así mismo  de una cierta cantidad de dinero para mantener en condiciones los medios de producción y  la mitad de ese 75%  seguiría constituyéndose en beneficio para el capital. El  I + D   recibiría los fondos necesarios del 25%  señalado en primer lugar. La parte que iría a los salariados, sería el 25%  del total, esta parte del beneficio se repartiría del siguiente modo,  un 20% de ese  25%  iría a incrementar el sueldo que los salariados percibían, y el   otro  80%  pasarían a constituir  un fondo sindical cuyo fin primordial sería el de  proporcionar a los trabajadores la cobertura  protectora durante el periodo en que ejerciese su actividad laboral, así como aportarle  una pensión que le permitiese vivir con dignidad y hasta con holgura  una vez que tal periodo hubiese finalizado.

Pero lo antes referido sería tan solo un primer paso. 

En un segundo se trataría de que los medios de producción pasasen de las manos capitalistas a la de los mismos trabajadores  aún salariados (aunque con sobresueldo procedente de los  beneficios empresariales). Para lograr esto  se crearía un sistema impositivo según el cual  la compra del  más fuerte económicamente , el capitalista, al más débil, el trabajador salariado, estaría  fuertemente  gravadas mediante un impuesto. Mientras que toda adquisición que el salariado realizase de los medios de producción  recibirían  fuertes subvenciones o ayudas económicas. De este modo se incentivaría el traspaso de los medios de producción a los  salariados para que estos pudiesen  terminar por hacerse con ellos y funcionar de modo que  finalmente los ya trabajadores pasasen a administrar  el beneficio  íntegro de la empresa.   Hasta que la totalidad de los medios de producción   no pasasen a manos de los trabajadores  el porcentaje de los beneficios sería parejo entre estos y los capitalistas dueños de esos medios.

Según  nuestro entender, y por las circunstancias que más adelante se expondrán, lo mas conveniente sería que  un porcentaje  cercano al 25 o 30 % fuese a parar a manos de los dueños de los medios de producción y que  no todos estos pasasen a manos de los trabajadores, con lo que  los medios de producción  en esa misma proporción permanecerían en manos  del capital.

 Pudiera parecer que esta  medida impediría un pleno desarrollo de la erradicación del capital, pero  para que  el modelo que aquí formulamos pueda funcionar, dada la  gran influencia que en la actualidad tienen los capitales extranjeros y la  dependencia que  España tiene de estos debido a la globalización  económica, esta medida se hace necesaria.

No hay que perder de vista que  la principal finalidad de lo que estamos planteando no es tanto el logro de la autogestión como  la consecución de una Justicia Social dentro de las relaciones laborales, y en una medida nada desdeñable se ha conseguido puesto que el trabajador ha dejado de ser un mero salariado para pasar a ser un trabajador que recibe una parte  fundamental, alrededor del 75%  de los beneficios empresariales fruto de su trabajo.

Una de los mayores problemas con los que se enfrenta el nuevo modelo de relaciones laborales que presentamos es consecuencia de la interconexión existente entre  las economías y el libre  intercambio de capital entre los diferentes estados. La economía nacional, al igual que ocurre con el resto de las que constituyen el mundo occidental se encuentra inmerso en un  incesante  intercambio de capitales que a su vez resultan necesarios. Hemos de evitar que las medidas que tomemos sitúen a España fuera de todo ello y caiga en un aislamiento total. 

Es por esto por lo que pensamos que resulta preciso que se mantenga  ese porcentaje, que hemos estimado entre el 25 y el 30%  del monto de la empresa. El  capital de todos es sabido que no tiene corazón, ni tiene en cuenta frontera alguna. La humanidad es algo que brilla en él por su ausencia, lo único que le mueve es la consecución de beneficios. Pues bien,   hemos de  lograr que las empresas después de haber  sido sometidas a la antes referida “reconversión” continúen siendo lo suficientemente atractivas para que el capital extranjero  invierta en  ellas. Eso si, sin ceder un ápice  en los logros obtenidos respecto a la Justicia Social.

Es así que si  las empresas guardan un 25% del beneficio para  el capital, y el beneficio es lo suficientemente elevado, estás empresas resultarán lo bastante atractivas como para que   el capital extranjero se lance a invertir pués obtendrían un beneficio suficiente atractivo.

Otra opción, la quizá más revolucionaria  y  en sintonía con una sustitución absoluta del capitalismo por un funcionamiento nacionalsindicalista    llevaría directamente a una eliminación absoluta del capital, y por tanto a la desaparición de la figura del capitalista. En esta opción los trabajadores,  adquirirían el 100% de los medios de producción  llegándose  a que el beneficio de esta pasaría íntegramente a los trabajadores: Por un lado iría a estos en forma de remuneración económica, por otro se destinaría  al sindicato de la rama de producción a la que perteneciesen, sin olvidar otra parte de los beneficios que se habrían de  invertir en el sostenimiento del material de la empresa, a la necesaria actualización de esta así como  a las    campañas de marketing para que  los productos que se elaboren  puedan ser   adquiridos  y de este modo producir un beneficio.  El problema de optar  por  esta  vía se centra por un lado en la situación  de  globalización económica y de  transferencia de capitales de la que quedaría excluida la economía nacional si los capitalistas extranjeros no encuentran nuestras empresas lo suficientemente atractivas como para invertir en ellas.

Aunque  los problemas que  la opción  por un nacionalsindicalismo ortodoxo traerían aparejado podrían soslayarse, aunque cayendo de hecho en una suerte de  autarquía que el mismo José Antonio  criticó.

¿Cuales serían las medidas precisas para terminar  con  el funcionamiento capitalista y extirpar el mismo capital de las relaciones laborales y del funcionamiento económico  nacional?

De un lado se  habría de  fomentar  hasta alcanzar un grado lo suficientemente  elevado para que  se consumiesen  los productos  que proviniesen de las empresas nacionales, lo cual podría lograrse  gravando  con unos altos impuestos los productos foráneos y moviendo a una responsabilización de la población para que se pudiese mantener  el funcionamiento de Justicia Social que se habría logrado y que  precisaría de su colaboración consumiendo productos nacionales. Por otro  estaría el tema de la dependencia nacional respecto a los productos energéticos. Acometer la problemática que resulta dela dependencia  que nuestro país tiene respecto a otros en cuanto a energía se refiere es fundamental puesto que una organización  político-económica   precisaría que fuésemos capaces de no depender de los criterios, internacionalmente dirigidos por el orden capitalista, que podrían terminar por imponer una política. Y es que esas empresas, industrias  así como el mismo consumo público y particular estarían a merced de un orden distinto a ese por el cual hemos optado.

La única  opción en este terreno  sería la de  desarrollar y poner  en funcionamiento fuentes de energía  alternativas como pueden ser la solar, la eólica y la  nuclear. A nadie se le escapa que esta opción  por el desarrollo y puesta en funcionamiento de   fuentes de energía alternativas precisaría  de una nada desdeñable inversión . La aportación monetaria, una vez que se hubiese  establecido el estado sindical procedería  fundamentalmente de los fondos sindicales que  procederían  de la obligatoria contribución que cada trabajador aportaría a través de un porcentaje establecido de  los beneficios empresariales.

                                                                 

Hay dos   aspectos fundamentales, que por la importancia que tienen en el planteamiento falangista habrán de ser tratados de modo independiente dentro de esta aplicación practica del nacionalsindicalismo, nos estamos refiriendo a la reforma agraria y a la nacionalización del crédito bancario.

España es irrevocable.

ESPAÑA ES IRREVOCABLE LA UNIDAD DE DESTINO Nadie podrá reprochamos de estrechez ante el problema catalán. En estas columnas antes que en ningún otro sitio, y, fuera de aquí, por los más autorizados de los nuestros, se ha formulado la tesis de España como unidad de destino. Es decir, aquí no concebimos cicateramente a España como entidad física, como conjunto de atributos nativos (tierra, lengua, raza) en pugna vidriosa con cada hecho nativo local. Aquí no nos burlamos de la bella lengua catalana ni ofendemos con sospechas de mira mercantil los movimientos sentimentales –equivocados gravísimamente, pero sentimentales– de Cataluña. Lo que sostenemos aquí es que nada de eso puede justificar un nacionalismo, porque la nación no es una entidad física individualizada por sus accidentes orogáficos, étnicos o lingüísticos, sino una entidad histórica, diferenciada de las demás en lo universal por una propia unidad de destino. España es la portadora de la unidad de destino, y no ninguno de los pueblos que la integran. España es pues, la nación, y no ninguno de los pueblos que la integran. Cuando esos pueblos se reunieron, hallaron en lo universal la justificación histórica de su propia existencia. Por eso España, el conjunto, fue la nación. LA IRREVOCABILIDAD DE ESPAÑA Hace falta que las peores deformaciones se hayan adueñado de las mentes para que personas que se tienen, de buena fe, por patriotas, admitan la posibilidad, dados ciertos requisitos, de la desmembración de España. Unos niegan licitud al separatismo porque suponen que no cuenta con la aquiescencia de la mayoría de los catalanes. Otros afirman que no es admisible una situación semiseparatista, sino que hay que optar –¡qué optar!– entre la solidaridad completa o la independencia. "O hermanos o extranjeros", dice "ABC", y aún afirma recibir centenares de telegramas que le felicitan por decirlo. Es prodigioso –y espeluznante– que periódico como "ABC", en el que la menor tibieza antiespañola no ha tenido jamás asilo, piense que cumple con su deber al acuñar semejante blasfemia: "Hermanos o extranjeros"; es decir, hay una opción: se puede ser una de las dos cosas. ¡No! La elección de la extranjería es absolutamente ilícita, pase lo que pase, renuncien o no renuncien al arancel, quiéranlo pocos catalanes, muchos o todos. Más aún terminantemente: aunque todos los españoles estuvieran conformes en convertir a Cataluña en país extranjero, seria el hacerlo un crimen merecedor de la cólera celeste. España es irrevocable. Los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias; pero acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decidir. España no es nuestra, como objeto patrimonial; nuestra generación no es dueña absoluta de España; la ha recibido del esfuerzo de Generaciones y generaciones anteriores, y ha de entregarla, como depósito sagrado, a las que la sucedan. Si aprovechara este momento de su paso por la continuidad de los siglos para dividir a España en pedazos, nuestra generación cometería para con las siguientes el más abusivo fraude, la más alevosa traición que es posible imaginar. Las naciones no son contratos, rescindibles por la voluntad de quienes los otorgan: son fundaciones, con sustantividad propia, no dependientes de la voluntad de pocos ni muchos. MAYORÍA DE EDAD Algunos han formulado la siguiente doctrina respecto de los Estatutos regionales: no se puede dar un Estatuto a una región mientras no es mayor de edad. El ser mayor de edad se le nota en los indicios de haber adquirido una convicción suficientemente fuerte de su personalidad propia. He aquí otra monstruosidad ideológica: se debe, con arreglo a esa teoría, conceder su Estatuto a una región –es decir, aflojar los resortes de la vigilancia unitaria– cuando esa región ha adquirido suficiente conciencia de sí misma; es decir, cuando se siente suficientemente desligada de la personalidad del conjunto. No es fácil, tampoco ahora, concebir más grave aberración. También corre prisa perfilar una tesis acerca de qué es la mayoría de edad regional acerca de cuándo deja de ser lícito conceder a una región su Estatuto. Y esa mayoría de edad se nota, cabalmente, en lo contrario de la afirmación de la personalidad propia. Una región es mayor de edad cuando ha adquirido tan fuertemente la conciencia de su unidad de destino en la patria común, que esa unidad ya no corre ningún riesgo por el hecho de que se aflojen las ligaduras administrativas. Cuando la conciencia de la unidad de destino ha penetrado hasta el fondo del alma de una región, ya no hay peligro en darle Estatuto de autonomía. La región andaluza, la región leonesa, pueden gozar de regímenes autónomos, en la seguridad de que ninguna solapada intención se propone aprovechar las ventajas del Estatuto para maquinar contra la integridad de España. Pero entregar Estatutos a regiones minadas de separatismo; multiplicar con los instrumentos del Estatuto las fuerzas operantes contra la unidad de España; dimitir la función estatal de vigilar sin descanso el desarrollo de toda la tendencia a la secesión es, ni más ni menos, un crimen. SÍNTOMAS Todos los síntomas confirman nuestra tesis. Cataluña autónoma asiste al crecimiento de un separatismo que nadie refrena: el Estado, porque se ha inhibido de la vida catalana en las funciones primordiales: la formación espiritual de las generaciones nuevas, el orden público, la administración de justicia.... y la Generalidad, porque esa tendencia separatista, lejos de repugnarle, le resulta sumamente simpática. Así, el germen destructor de España, de esta unidad de España lograda tan difícilmente, crece a sus anchas. Es como un incendio para cuya voracidad no sólo se ha acumulado combustible, sino que se ha trazado a los bomberos una barrera que les impide intervenir. ¿Qué quedará, en muy pocos años, de lo que fue bella arquitectura de España? ¡Y mientras tanto, a nosotros, a los que queremos salir por los confines de España gritando estas cosas, denunciando estas cosas, se nos encarcela, se nos cierran los centros, se nos impide la propaganda! Y la insolencia separatista crece. Y el Gobierno busca fórmulas jurídicas. Pero piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición. (F.E., núm. 15, 19 de julio de 1934)