Una gran parte de nuestros compatriotas están siendo víctimas de la problemática mental y del juicio moral equivocado que deriva de que se asimile lo legítimo con lo legal, cuando en la práctica ambas cosas se enfrentan. Y esto se ve agudizado por nuestro silencio cobarde. por el silencio cómplice de la jerarquía católica y por la ausencia de dirección moral por parte del bajo clero.
Nuestra patria ha entrado en una deriva en la que gran parte de aquello que legislan las autoridades instituidas para ello entra en abierta oposición con lo que la Ley de Dios o Ley natural marca. Aparte de la moralidad de la cuestión, la problemática surge del hecho de que la aplicación de algunas de tales leyes resulta una coerción sobre el comportamiento de aquellos que por nuestra concepción moral y religiosa no estamos en absoluto de acuerdo con ellas, hasta el punto de que si afirmamos de modo público nuestro pensamiento podemos sufrir represión por medio de multa o pena de cárcel.
Esto es lo que ocurre con leyes ya vigentes como las denominadas contra el odio, que impiden, bajo pena de privación de libertad o de multa, expresar por escrito o de palabra cualquier duda o negación del tema del “holocausto”, criticar a los innombrables o referirse de modo crítico a cualquier raza distinta a la blanca.
Ahora, y es a esto a lo que nos vamos a referir, una nueva ley viene a constreñir aún más nuestra libertad. Me refiero a la norma que la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado jueves 14 de julio en la Asamblea Regional.
La norma fue aprobada casi por unanimidad, contando con los votos afirmativos de Partido Popular, Partido Socialista,
Ciudadanos y Podemos.
Esta Ley de Género anti-discriminación de LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales.) incluye cuestiones de discriminación positiva hacia los colectivos LGBTI , enseñanza obligatoria de la perspectiva de género en los colegios, la inversión de la carga de la prueba en las denuncias por homofobia o transfobia y multas de 45.000 euros para aquellos sacerdotes que atiendan la petición de ayuda espiritual de personas homosexuales que pretendan cambiar de vida.
Estamos ante una ley radicalmente ideológica en la que se pretende proporcionar discriminación positiva a un porcentaje mínimo de la población que voluntariamente opta por una identidad de género. Del mismo modo se salta a la torera ese principio básico que coloca en el que denuncia la carga de la prueba. En caso de denuncia por homofobia o por interfobia es el denunciado el que debe demostrar que no ha cometido el delito (¿?) del que es acusado. En otras palabras: “toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, el mundo al revés.
Y desgraciadamente esta no es la única ley en la que se i nvierte la carga de la prueba, puesto que en las denuncias por “violencia de género” ocurre un tanto de lo mismo.
Esto puede llevar a cuestiones tan ridículas como que el empresario deberá conocer la orientación sexual de los empleados, puesto que si despide a uno de sus trabajadores y resulta ser gay, lesbiana, bisexual o transexual este-esta-esto podría denunciarle por homofobia o transfobia, y como la carga de la prueba recae en el denunciado no sé cómo se puede demostrar que no se ha hecho algo o que tras una acción no existía una intención homófoba.
Estamos llegando a un punto en que el silencio de los que nos oponemos a este estado de cosas se convierte en cobardía y colaboración con el mal. No puede ser que el Orden Natural de las cosas se invierta en las leyes puesto que lo que esto busca es invertir la conducta de las personas que viven en esa sociedad.
Y permítaseme un comentario, la responsabilidad moral que los pastores de la Iglesia adquieren al no dirigir a los que ellos tienen encomendados es tremenda, aunque las penas pecuniarias o incluso de prisión pudiesen afectarles tienen la grave obligación de utilizar los púlpitos para decir la verdad y guiar a sus feligreses. Porque como dicen los Evangelios: “Si vosotros calléis hablarían las piedras”.
Estamos asistiendo a como lo anormal se presenta como normal, a como lo que se aparta de la Ley Natural resulta premiado mediante esa llamada discriminación positiva.
Y por último, quisiera que quedase bien claro para los votantes del PP y de Ciudadanos que votar a estos no es votar al mal menor, es simplemente votar al mal. Es por eso que yo no voto. Los otros, Podemos y PSOE son también mal, pero al menos van con la verdad por delante, no engañan a nadie, aunque en estas circunstancias sólo son engañados los que quieren serlo, o moralmente no les importa colaborar con el mal.
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