LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y LA PLANDEMIA.

 

                                                                                        

Uno de los efectos más graves de la plandemia declarada por la globalista Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) ha sido el desarrollo y establecimiento de toda una serie de normas legislativas de obligado cumplimiento para la población y para las organizaciones sociales y económicas nacionales. Normas que han venido a someter la vida de las personas a intereses supranacionales globales, privándoles del pleno dominio sobre sus vidas y propiedades, así como condicionando de manera drástica las economías, privadas y nacionales. Realmente todo ello lleva a que se cumpla el famoso lema del Foro Económico Mundial de que: “no tendrás nada y serás feliz”, todo ello al servicio de la globalista Agenda 2030.

La implantación de toda la legislación cercenadora de la libertad de los seres humanos y del dominio de estos sobre sus propiedades no habría podido llevarse a cabo sin que la sociedad en general y cada individuo en particular hubiese sufrido previamente, con la colaboración de los medios de comunicación (¿?) al servicio del sistema, un bombardeo ininterrumpido de mensajes y pseudonoticias que han implantado el terror y el pánico en todos ellos como individuos y como colectividad.

Una vez que la población ha entrado en pánico pasa a creerse absolutamente necesitada de la protección de las autoridades nacionales e internacionales.

Este es el camino que conduce a la tiranía estatal y global pasando no solamente a estar expedito ese camino a la tiranía globalista, sino que llega a convertirse en una vía en la que es la población misma la que llega a solicitar que la autoridad, nacional e internacional aplique esas medidas coercitivas. Unas medidas que en condiciones de raciocinio y análisis crítico normal la población no aceptaría, pero si por contra ese raciocinio y capacidad de análisis crítico ha sido cercenado y bloqueado por el pánico, como así ha ocurrido, las normas dejan de estar sometidas al sentido común y son aceptadas sin consideración alguna. Y esto ocurre con mayor fuerza si como en la actualidad se narcotiza a la población con la amenaza de una posible nueva pandemia o cuestiones como gravísimos efectos de un falso cambio climático causado por el ser humano.

Una vez que la población ha sido suficientemente condicionada para estar aterrorizada, las autoridades globalistas internacionales y las autoridades nacionales a sus órdenes presentan de manera igualmente machacona las supuestas soluciones a estas gravísimas amenazas, y es ahí cuando entra en juego la aprobación, sin protesta popular alguna, de legislaciones nacionales e internacionales abusivas que tratan de acabar con las realidades humanas, sociales y nacionales.

Siendo absolutamente necesario crear la ficción y generalización del caos y el miedo, como ha ocurrido con la estrategia alrededor de la supuestamente gravísima pandemia (plandemia) del denominado COVID-19, todo ello para poder implementar esas leyes, aplicarlas y someter de esta manera al ser humano buscando acabar con su esencia.

En España hemos padecido la aplicación de toda una serie de medidas coercitivas que han provocado el sometimiento incondicional de la práctica totalidad de la población, unas medidas en su inmensa mayoría carentes de justificación médica, legal y que estaban alejadas del más básico sentido común.

El resultado de esas imposiciones ha sido un absoluto éxito para los globalistas, y para las autoridades a ellos sometidos, dado que han puesto claramente de manifiesto lo sencillo que resulta sojuzgar a una sociedad siguiendo el método de crear el problema, azuzar el miedo a este y después proponer como solución al problema creado o escenificado lo que se pretendía desde un principio imponer.

En nuestro país, al igual que en otros muchos, se acabó con la libertad de movimiento al confinar a personas sanas, con la libertad de expresión al prohibirse la difusión de las denominadas posturas negacionistas, con la propiedad privada al acabar con la disponibilidad de los propios negocios cuando se prohibió la apertura al público de los mismos, etc.

 El asunto de la obligación de llevar puestas mascarillas, bozales realmente, y el de mantener una distancia social que impedía la interacción interpersonal son tema aparte y de suma importancia para comprender hasta qué punto se ha buscado romper la propia realidad humana en tanto que ser sometido a esto lleva a que aspectos básicos del ser humano como son la  concepción de la propia imagen en función del “espejo” que resultan ser los otros, el aprendizaje en los niños de los sentimientos de los otros gracias a los gestos faciales, la ruptura  de la esencia social del ser humano llevan a desdibujar, cuando no a destruir, la esencia misma de la naturaleza de esta. Otro de los papeles fundamentales, si no el mayor, de portar la mascarilla se encuentra en la simbología de tapar la boca a un sujeto, que resulta ser un gesto total de sometimiento al obedecer y no hablar.

 

Más grave es a mi entender el que muchos de nuestros conciudadanos continúen portando el bozal, aunque ya no sea exigido por la ley fuera de ámbitos sanitarios o farmacéuticos, la única presión que estos sujetos reciben para seguir usando la mascarilla es la presión social del ser mal visto, presión cierta o imaginada, o estar sometido a un miedo irracional instalado fruto de la propaganda que durante tantos meses ha golpeado las mentes y los sentimientos de la población.

Desde mi punto de vista estas explicaciones, que ciertamente no son justificativas de nada, estarían detrás de la aceptación de manera pasiva y borreguil de la denominada Ley de Seguridad Nacional, que aún está en tramitación después de que el gobierno tratase de incluir algunas, y fundamentales, modificaciones en la ya aprobada ley.

La ley ya existente preveía acciones y medidas ante cualquier acontecimiento o situación que pudiese poner en peligro la seguridad nacional.

 

Pero llega un momento, ahora, en el que se pretende modificar la ley existente desde el año 2015 (la ley 26/2015 de 29 de septiembre) para que sea el presidente del gobierno el que sin consultar ni justificar ante nadie su decisión señale cuando se da una emergencia nacional, siendo así que en el punto dos de la exposición de motivos dice que el presidente del gobierno dispone legalmente de la potestad de dictar directamente el decreto de declaración de interés para la Seguridad Nacional , sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional. Es decir que queda al arbitrio total del presidente la puesta en funcionamiento de una suerte de medidas draconianas y contrarias a la libertad, los derechos y la propiedad de los ciudadanos.

                                                          

En la misma exposición de motivos señala que la declaración por parte del presidente del gobierno de una situación de interés para la Seguridad Nacional permitirá la integración de todos los recursos disponibles de las Administraciones públicas afectadas E INCLUSO DE AQUELLOS QUE ESTUVIERAN EN MANOS DE PARTICULARES.

Lo que significa que la libre y caprichosa decisión del presidente del gobierno al indicar la existencia de una situación de interés para la Seguridad Nacional llevará aparejado el paso a manos del Estado y del régimen de todos los recursos de las administraciones e incluso de las propiedades de los particulares.

Nos encontramos con que en el capítulo 1. Se indica que el sector privado participará en la contribución de recursos cuando así lo disponga el real decreto.

Más adelante, en el título IV se señala que el SECTOR PRIVADO participará en la contribución de recursos tal y como lo indique el real decreto. Es decir, se rompe toda seguridad jurídica sobre la propiedad y los negocios y de hecho se legaliza el requisamiento de toda propiedad sin intervención judicial ni justificación objetiva alguna.

Pero por supuesto la cosa no queda ahí, ya que puestos a desmembrar todo el andamiaje secular de los derechos individuales y los de la propiedad privada, nos encontramos con que en el mismo título IV pero en otro artículo posterior se señala que CUALQUIER PERSONA QUE HAYA CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD estará OBLIGADA A REALIZAR sin derecho a indemnización LAS ACTIVIDADES Y A OBEDECER LAS ÓRDENES e instrucciones QUE LAS AUTORIDADES ESTABLEZCAN.

Es decir, que la decisión de una persona pasa a convertir en esclavos sujetos a la arbitrariedad de los que estén investidos de autoridad, que normalmente habrán logrado mediante el apoyo electoral, de los partidos o de las organizaciones financieras e industriales.

 

Y continúa el disparate, en el artículo 28 de título IV al que nos hemos venido refiriendo señala que se podrá proceder a la REQUISA temporal (no se especifica duración de ese espacio temporal ni las circunstancias que lo marcan) de todo tipo de bienes, así como a la OCUPACIÓN O INTERVENCIÓN temporal, sin especificar el lapso de tiempo al que se refiere, de las que sean necesarias o a la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

Ahora bien, la orgía liberticida y tiránica de este proyecto de ley no ha tocado aún fondo puesto que en otro artículo de este mismo título IV encontramos con que hace referencia a que las Administraciones públicas y las autoridades ya sean estas del nivel que sean contarán con una relación de bienes, públicos o privados, que puedan coadyubar en función de lo que indique el decreto del presidente del gobierno decretado de interés para la Seguridad Nacional.

 

Es sintomático y clarificador como en la exposición de motivos de dicha reforma de la ley aún vigente se hace referencia a que la experiencia vivida durante la pandemia (plandemia) del COVID 19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una serie de reformas jurídicas respecto a la contribución de recursos a la Seguridad Nacional.

Sin una estrategia  perfectamente preparada  y llevada a cabo de una manera magistral la tiránica modificación legal arriba descrita no tendría posibilidad alguna de salir adelante, sería rechazada enérgicamente por la población por los agentes políticos y sería cabecera tanto de la opinión pública como motivo de conversación y protesta de la opinión publicada, pero como por desgracia la  primera depende de la segunda y esta viene marcada por los intereses políticos y financieros que la dominan, es así que la tramitación parlamentaria está pasando sin ningún tipo de debate u oposición mínimamente relacionado con la gravísima realidad de la modificación  legislativa que se pretende llevar a cabo.