Es absolutamente lógico que la inmensa mayoría de la población vea siempre detrás de toda actividad o decisión político-económica la alargada sombra de los bancos. Y es que a modo de buitres estas entidades privadas “con ánimo de usura” parecen intuir donde pueden darse un festín a costa de las desgracias o necesidades ajenas.
Con estas palabras quiero referirme a que es lo que verdaderamente se esconde tras la medida que el ejecutivo de Rajoy ha puesto en marcha para que los que trabajaron o aportaron material a la Administración del Estado, en especial a los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, cobren sus servicios y/o materiales.
No hay que dejar de señalar, puesto que sería faltar a la verdad, que el despilfarro y descontrol que se llevo a cabo durante las legislaturas socialistas son las responsables de la situación a la que ha de hacerse frente ahora, pero volvamos a fijarnos en la medida a la que nos estamos refiriendo.
Todo lo que el ejecutivo ha señalado no se pondrá en funcionamiento hasta pasados un par de meses, y la consecución del pago de aquello que se adeuda habrá de seguir los siguientes pasos: En primer lugar los organismos deudores (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) habrán de presentar ante el ministerio de hacienda una lista de aquellos individuos, empresas o proveedores a los que adeuda algo y el monto de tal deuda. A partir de ese momento los que reclamen la deuda habrán de dirigirse a los bancos para solicitar el pago de ella, una vez que el banco haya reconocido como cierta tal deuda tras verificarla con los datos presentados en hacienda por las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Acto seguido se procederá a hacer efectivo al solicitante de la cantidad adeudada.
Pero como se supondrá la realidad no va a ser tan beatífica.
¿Dónde está el truco?, porque los bancos no son tan generosos, no van por ahí regalando dinero, y no mueven un dedo si no tienen la absoluta certeza de que van a obtener un alto beneficio de ese desembolso.
Ahora llegamos al truco de toda esta operación, nos encontramos con que quién pretenda cobrar lo hará siempre que previamente acepte por escrito renunciar a cualquier tipo de recarga a que el paso del tiempo haya podido dar lugar, es decir que el que reclama la deuda como mucho recuperará el 90% de la cantidad de lo que se le adeuda puesto que la deuda de la inmensa mayoría tiene una antigüedad de un año o más. Pero no acaba ahí la cosa puesto que el pago de la deuda no se hará de un modo automático e instantáneo tras ser reconocida y aceptada la condición antes apuntada, para cobrar se seguirá un orden que derivará de la quita que el que cobra señale, es decir que cuanto menos acepte cobrar antes recibirá lo que se le adeuda.
O sea, ¡¡menudo chollo!!.
Pero no todo va a ser negativo en este sistema de cobro que el gobierno ha propuesto, el chollo de verdad viene cuando volvemos los ojos hacia los bancos.
No va a ser la Administración que adeuda la que hará efectivo el pago de eso que debe pues no tiene dinero en sus arcas. ¿quién pagará entonces?, pues el banco. Pero como los bancos no son precisamente una entidad caritativa lo hará cobrándole un muy alto interés a ayuntamientos y comunidades autónomas. El dinero con el que pagarán y por el que cobrarán un muy alto interés (alrededor del 8% o más) lo sacarán del que el Banco Central Europeo les dio a uno muy bajo (inferior al 1%), luego el negocio es redondo y enormemente rentable.
La banca siempre gana.
Pero la ganancia del banco redunda en una gran pérdida de dinero por parte del ayuntamiento o comunidad autónoma que de algún lugar habrá de sacar ese dinero que pierde y del que carece. Pues muy sencillo, de nuevo seremos los ciudadanos los que lo pagaremos a través de impuestos o tasas que de nuevo subirán.
En dos palabras los políticos dilapidan, los bancos ganan y el ciudadano paga.
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