España está
sumida en estos momentos en una crisis profunda, asistimos a uno de los
momentos más oscuros de su historia. Concretamente estamos asistiendo a como
está en juego la misma pervivencia de España
como tal.
El envite
secesionista catalán amenaza de manera
muy seria con romper la unidad nacional.
Como suele ocurrir en toda confrontación moral,
el mal triunfa gracias a la acción de los malos en coalición con la inacción de
los buenos.
En el caso
que nos ocupa la situación es muy clara, desde la instauración a través
de la Constitución del 78 del denominado Estado de las autonomías y
gracias a la inclusión del término “nacionalidades” para referirse a las
comunidades autónomas, se encendió una
mecha que provocaría la peligrosa situación por la que atravesamos y que está a
punto de estallar.
Ciertamente
Pujol, Mas y sus mariachis son culpables
de estar arremetiendo contra la unidad de nuestra Patria, pero no se podría
haber llegado a esta situación sin el concurso culpable de aquellos que dieron
los pasos que se han andado desde el 78 y que ahora pasamos a enumerar:
En primer
lugar se encuentra la instauración del ya mencionado Estado de las
autonomías y el denominar a las entidades autónomas como nacionalidades. Es
más, fueron precisamente los territorios que contaban con una mayor presencia
de los secesionistas y que más buscaban la ruptura de España, como era el caso de Cataluña, Vascongadas y Galicia,
los que recibieron la denominación de “nacionalidades históricas” los que
mayores transferencias de poder recibieron.
Con todo
esto se estaban reconociendo unas singularidades pero presentándolas de un modo
centrífugo y disgregador, que lejos de verlas como una diversidad enriquecedora
de la Nación se presentaban como singularidades que empujaban a la
disgregación.
La misma
Constitución que en el 78 implantó el Estado de las autonomías concedía a esos
entes, las comunidades autónomas, autoridad sobre diferentes aspectos políticos
y económicos para que se desarrollasen
exclusivamente en la jurisdicción de tales entes.
Fruto de las
disposiciones emanadas de la Carta Magna, el Estado central fue
transfiriendo a las comunidades
autónomas, especialmente a las denominadas “comunidades históricas”, el control
sobre distintos, y fundamentales, sectores
de la política.
Cabe señalar
que entre los sectores que pasaron a ser controlados por las “nacionalidades
históricas”, estaban la educación, la sanidad y la seguridad.
Poco a poco
estas transferencias pasaron a manos de aquellos que tenían una concepción
disgregadora de la Patria y de hecho
trataban de romperla.
Creo que en
especial hay que hacer referencia a la gravedad de las transferencias
realizadas en el tema de la educación. Y es tan grave dado que durante más de
tres décadas los nacionalistas y secesionistas han inculcado en al
menos dos generaciones una falsa historia que ha movido a una visión de España
como si se tratara de una potencia extranjera
que ha ocupado y sometido a un pueblo primigeniamente independiente.
Esta historia manipulada, claramente dirigida
a crear un sentimiento antiespañol, presenta la independencia como una
liberación. Es decir que son varias las
generaciones las que están al servicio de la secesión y buscan la ruptura de la Unidad Nacional.
Otras
transferencias realizadas, tales como las referidas a la seguridad y a la
sanidad, han ido moldeando entre la población de esas, regiones-comunidades
autónomas, el convencimiento de que forman parte de una realidad nacional
distinta a la española.
Más allá de
las transferencias mismas se encuentra el hecho de que el Estado central no ha
sabido, ni querido, hacer cumplir la misma Constitución en lo que se refiere al
derecho de todos los españoles a conocer la lengua oficial del Estado y a poder
usarla.
A este respecto, la omisión de las autoridades
nacionales a la hora de hacer cumplir las resoluciones judiciales en ciertas
comunidades autónomas ha desarrollado
una desobediencia total entre los líderes secesionistas que gobernaban
en esas comunidades, especialmente en Cataluña.
La no
aplicación de la ley en lo que se refiere a la presencia de la bandera nacional
en los edificios públicos en esos territorios no ha hecho sino remarcar entre la población esa
sensación de no pertenencia a la nación española y confirmar a las autoridades
secesionistas de estar por encima de la autoridad nacional, tanto gubernamental
como judicial, y que por tanto podrían llevar adelante sus planes de
independencia y secesión.
Los
elementos que utiliza el actual gobierno
a la hora de enfrentar el embate secesionista de los independentistas catalanes
ponen claramente de manifiesto cuales son los pilares sobre los cuales se
sostienen su concepción de España como
Patria y nación.
El anterior
gobierno socialista llegó a expresar de modo explícito dudas sobre la realidad
de España como nación con la famosa
frase de Felipe González: “El concepto de nación es un hecho discutido y discutible”,
aunque el actual gobierno popular tampoco se
queda a la zaga, puesto que su
modo de actuar y los argumentos sobre los que sustenta la defensa de la unidad
nacional ponen de manifiesto de modo explícito
una concepción equivocada y falsa de la nación.
El actual
gobierno ha basado su ataque a la secesión y la defensa de la unidad nacional
en argumentos meramente economicistas, de reconocimiento y permanencia en
entidades supranacionales, como la Unión Europea y la eurozona y en la
imposibilidad de la continuidad de las ventajas del Estado del bienestar.
El gobierno
parece no darse cuenta de que lo que mueve a los secesionismo son cuestiones
equivocadas de tipo espiritual y patriótica. Son visiones emotivas y
transcendentes que a varias generaciones les han sido inoculadas a lo largo del proceso formativo, desde el
jardín de infancia hasta la universidad.
A posiciones
emotivas de concepciones equivocadamente patrióticas no se pueden contraponer
argumentos de tipo económico, pues lo único
que este tipo de argumentos harán es movilizar aún más el victimismo
nacionalista. Contra este sustrato emotivo sustentado en una historia
manipulada sólo la historia y la concepción de pertenecía a una comunidad
nacional sirven.
El problema
está en que este gobierno tiene una concepción economicista y que se mueve por
intereses meramente electorales, se deja llevar por un mensaje economicista que para
nada varía la visión secesionistas de aquellos que basan su posición en el
victimismo de una patria inexistente sojuzgada por una supuesta potencia
opresora.
Solamente procurando
que el pueblo catalán afectado por el cáncer del secesionismo sienta el orgullo
de una historia común que se movió dentro de la empresa nacional de España y
que sirvió a la empresa colectiva
nacional, se podrá liberar la mente de esos que están encadenados por tantos
años de abandono del Estado central. Del mismo modo se ha de aplicar de modo decidido,
sin temores acomplejados, la legislación común y las resoluciones judiciales de
la judicatura nacional.
La Unidad de
España sólo se defiende desde la afirmación histórica y metafísica, todo lo
demás no son otra cosa que negación de la realidad profunda de España.
